El 8 de mayo de 1987 quedó marcado como un día trágico en la memoria de Argentina. Oscar Arades, Roberto Argarañaz y Agustín Olivera, tres jóvenes del barrio Ingeniero Budge en la Provincia de Buenos Aires, fueron brutalmente asesinados por efectivos de la Policía Bonaerense. Este terrible suceso, conocido como la Masacre de Budge, fue el germen de una lucha incansable por la justicia y el reconocimiento de los derechos humanos en el país.
Los familiares y vecinos de las víctimas se unieron en un clamor por justicia, exigiendo que se hiciera responsable a los culpables de este acto de violencia policial. Este caso emblemático, que más adelante se identificaría como un claro ejemplo de «gatillo fácil», dio lugar a una movilización social que trascendió las fronteras del barrio y se convirtió en un símbolo de resistencia ante la impunidad.
En respuesta a esta demanda de justicia y en reconocimiento a todas las víctimas de la violencia institucional, el gobierno argentino promulgó la Ley 26.811. Esta ley, sancionada y promulgada entre noviembre de 2012 y enero de 2013, estableció el 8 de mayo como el Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional. Su objetivo principal es recordar las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad, y promover políticas públicas que garanticen el respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
Esta fecha conmemorativa no solo busca generar conciencia sobre los actos de violencia institucional, sino también promover mecanismos de control y alerta temprana para prevenir futuros abusos. En este sentido, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ha elaborado el manual «Derechos Humanos frente a la Violencia Institucional», que establece definiciones claras y criterios para identificar este tipo de violencia.
Según este manual, la violencia institucional se define como cualquier práctica que implique abuso, omisión o impedimento del pleno ejercicio de derechos por parte de instituciones públicas, especialmente en áreas como seguridad, salud y justicia. Para que un acto sea considerado como violencia institucional, deben estar presentes tres componentes: prácticas específicas, funcionarios públicos que las llevan a cabo o permiten su realización, y contextos de restricción de autonomía y libertad.
El Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional es más que una fecha en el calendario. Es un recordatorio de la necesidad de erradicar la impunidad y garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos en todas las esferas de la sociedad. A través de la difusión de información, la educación y la promoción de políticas públicas inclusivas, Argentina avanza hacia un futuro donde la violencia institucional sea cosa del pasado y la justicia prevalezca para todos sus ciudadanos.