Organismo de Observación de Derechos Humanos .ong (ODH)
Este organismo expresa su más profunda preocupación ante el patrón sistemático y persistente de estigmatización que están llevando a cabo diversos medios de comunicación en Bolivia contra organizaciones sociales, grupos vulnerables y ciudadanos que ejercen su legítimo derecho a la protesta. Hemos observado una peligrosa narrativa que desinforma a la población, desvía la atención de las causas estructurales de las crisis y, en última instancia, vulnera derechos humanos fundamentales.
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El Contexto: Reivindicaciones Económicas Legítimas Frente a la Tesis de la Desestabilización Política
Actualmente, Bolivia atraviesa una compleja situación económica que afecta de manera desproporcionada a las clases más pobres y a la clase media. Las protestas y bloqueos que se registran en el país no surgen de un capricho político, sino de una necesidad urgente y palpable. Los ciudadanos exigen:
- Garantías en el abastecimiento de combustible.
- Control sobre el alza desmedida de precios en la canasta familiar, donde productos básicos como el aceite, el pan, el pollo y la carne han visto incrementos superiores al 100% en los últimos años.
- Respuestas efectivas a la crisis económica, que muchos sectores atribuyen a un manejo deficiente por parte de la actual administración del presidente Luis Arce Catacora.
Sin embargo, en lugar de investigar y exponer estas causas legítimas, una parte significativa de la cobertura mediática opta por simplificar y distorsionar la realidad. De manera sistemática, se vinculan estas reivindicaciones sociales con la figura del expresidente Evo Morales Ayma, presentando las protestas no como un clamor por la supervivencia económica, sino como una conspiración política para desestabilizar al gobierno.
Esta práctica de estigmatización consiste en etiquetar cualquier manifestación de descontento como «evista», negando la autonomía y la legitimidad de las demandas populares.
Un Patrón Histórico que se Repite
Esta táctica no es nueva. Es un mecanismo de control social que este organismo ha observado durante las últimas tres décadas. La figura política utilizada como chivo expiatorio cambia, pero la estrategia permanece intacta.
En el pasado, las protestas y marchas de sectores populares eran estigmatizadas vinculándolas al partido CONDEPA y a su líder, Carlos Palenque o como Felipe Quispe (El MAllku). Hoy, el blanco de la estigmatización es Evo Morales. El objetivo es siempre el mismo: desacreditar la protesta en su origen, sin importar la justicia de su causa, asociándola a un interés político partidario para que la opinión pública la rechace.
Las marchas sociales en Bolivia, históricamente, han sido objeto de esta forma de violencia simbólica, impidiendo que el debate se centre en la búsqueda de soluciones para mejorar la economía, garantizar el acceso a la educación, a la salud, a carreteras y a servicios básicos.
Vulneración del Derecho a la Protesta y Estándares Internacionales
La estigmatización de la protesta social por parte de medios de comunicación no es solo una falta ética, sino una clara vulneración de derechos humanos. Al crear un relato que criminaliza y deslegitima a los manifestantes, se violan:
- El Derecho a la Protesta Pacífica: Se genera un ambiente hostil que intimida y disuade a los ciudadanos de ejercer este derecho.
- La Libertad de Expresión y Asociación: Se silencian las voces que denuncian problemas reales, reduciéndolas a un simple eco de un actor político.
- El Derecho a la Información: Se niega a la sociedad el derecho a recibir información veraz y contextualizada sobre las crisis que la afectan.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han sido enfáticas al señalar que los discursos estigmatizantes, ya sea por parte de funcionarios del gobierno o de actores con gran influencia pública como los medios, son sumamente peligrosos. Estos discursos pueden «crear un clima de hostilidad e intolerancia» que habilita la violencia y la represión contra quienes protestan.
En diversas sentencias e informes, la Corte IDH ha establecido que los Estados tienen la obligación no solo de abstenerse de estigmatizar, sino de prevenir que actores poderosos lo hagan, pues erosiona los cimientos de la deliberación democrática. La protesta no debe ser vista como una amenaza, sino como un elemento esencial del diálogo social.
Posibles Conflictos de Interés
No podemos ignorar los conflictos de interés que subyacen a esta conducta mediática. La existencia de contratos millonarios entre el Estado y ciertos medios de comunicación, así como el hecho de que muchos de estos medios pertenecen a grandes grupos de poder económico, plantea serias dudas sobre su independencia editorial. En lugar de fiscalizar al poder, estos medios podrían estar actuando como sus protectores, utilizando la estigmatización como un escudo para defender intereses compartidos y atacar a adversarios políticos.
Exhorto Final
Como organismo defensor de los derechos humanos, hacemos un llamado urgente:
- A los Medios de Comunicación: A actuar con responsabilidad y ética periodística. Su deber es informar sobre las causas reales del descontento social, no fabricar narrativas que polaricen y violenten. Los exhortamos a abandonar la estigmatización como línea editorial.
- Al Estado Boliviano: A garantizar plenamente el derecho a la protesta y a abstenerse de utilizar discursos o medios afines para desacreditar las demandas ciudadanas. La solución a la crisis no es silenciar el reclamo, sino atender sus causas económicas y sociales.
- A la Sociedad Civil: A ejercer un consumo crítico de la información, a cuestionar los titulares simplistas y a buscar las voces directas de quienes se manifiestan para comprender la profundidad de sus reivindicaciones.
La democracia boliviana se debilita cuando se anula el debate y se reemplaza por la etiqueta. La protesta por la comida, el combustible o un futuro digno no tiene un color político; tiene el color de la necesidad humana.